El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía las sanciones contra personas y empresas que participen en la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios y espacios marítimos reclamados por la Argentina.

El texto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo, propone reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011, por un esquema que extiende las prohibiciones más allá de las actividades hidrocarburíferas.

La iniciativa alcanza a la explotación de recursos renovables y no renovables en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina, cuando esas actividades se desarrollen sin autorización de una autoridad nacional.

Entre las principales medidas, el proyecto establece multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la posibilidad de suspender o cancelar permisos e imponer inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.

En el caso de actividades vinculadas con hidrocarburos, las penas previstas son aún mayores. La exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización podría ser sancionada con 12 a 20 años de prisión, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos contempla penas de entre 15 y 20 años y multas de hasta tres millones de barriles de petróleo.

El régimen también alcanzaría a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales para esas actividades cuando conozcan su destino. Para esas conductas se prevén penas de cinco a siete años de prisión.

Un nuevo esquema de Seguridad Nacional

El proyecto no se limita al régimen de sanciones por la explotación de recursos. También propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional que estaría presidido por el jefe de Estado e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.

El organismo tendría participación en cuestiones diplomáticas, económicas, de defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. Además, el proyecto incorpora disposiciones vinculadas con la respuesta ante aeronaves y embarcaciones consideradas hostiles.

En materia marítima, el texto contempla advertencias, maniobras de interposición y disparos de advertencia antes de avanzar hacia medidas de mayor intensidad. El hundimiento de un buque quedaría reservado como una medida militar excepcional contra una embarcación considerada hostil y requeriría autorización presidencial.

La iniciativa también incorpora herramientas económicas frente a determinadas amenazas externas, como restricciones temporales sobre operaciones financieras, transferencias, importaciones y exportaciones, además del bloqueo de fondos en situaciones consideradas graves e inminentes.

El Gobierno sostuvo oficialmente que el nuevo marco busca fortalecer las herramientas del Estado para la defensa de la soberanía y reemplazar el régimen vigente por uno que considere integralmente las dimensiones diplomática, económica, militar y de inteligencia.

El proyecto deberá ahora ser analizado por el Congreso de la Nación y requerirá la aprobación de ambas cámaras antes de convertirse en ley.

Fuente: Presidencia de la Nación / proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Comunicado oficial de Presidencia