Según los nuevos datos difundidos en las últimas horas, entre los conceptos bajo análisis aparecen presuntos sobresueldos, falsos viáticos, pagos sin respaldo y acreditaciones vinculadas a personas retiradas o sin relación comprobada con la fuerza.

La investigación surgió a partir de una auditoría interna realizada por la propia Armada. La denuncia presentada ante la Justicia había identificado inicialmente 645 acreditaciones indebidas a 23 personas por un total de $981.148.567,88. Las irregularidades incluían diferencias entre los recibos de sueldo, las liquidaciones y los archivos enviados al Banco Nación.

Los nuevos datos incorporados al expediente elevan el monto bajo análisis. Entre las personas mencionadas figuran Ariel Baltasar Atanasoff, con acreditaciones por $175 millones, y María del Carmen Prieto, esposa del oficial, con unos $300 millones, de acuerdo con la información difundida por A24. También aparecen otros cinco beneficiarios con montos que, en conjunto, completan los $1.270 millones.

Uno de los mecanismos investigados habría consistido en modificar registros utilizados para procesar los pagos salariales y solicitar al Banco Nación transferencias superiores a las que figuraban en los recibos oficiales. La Justicia deberá determinar cómo se realizaron esas modificaciones, quiénes participaron y cuál fue el destino de los fondos.

En paralelo, el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial mencionados en la investigación. Además, el ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó avanzar con un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades del personal involucrado.

La causa continúa en la Justicia Federal y busca establecer si las irregularidades detectadas formaron parte de un sistema organizado de pagos indebidos dentro de la fuerza.