El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo la lupa judicial tras conocerse detalles de la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, una operación que fue financiada en gran parte mediante un préstamo otorgado por las propias vendedoras del inmueble.

De acuerdo a documentación oficial del Registro de la Propiedad Inmueble, la adquisición se concretó en noviembre de 2025 y fue posible gracias a un crédito hipotecario por USD 200.000, es decir, cerca del 90% del valor total. Las acreedoras del préstamo son dos jubiladas que también eran titulares de la propiedad.

El departamento, de casi 200 metros cuadrados, había sido adquirido previamente ese mismo año por las vendedoras. En la operación, ambas no solo transfirieron el inmueble, sino que además financiaron gran parte de la compra, quedando registradas como acreedoras en partes iguales.

En paralelo, la situación patrimonial del funcionario es analizada en una causa judicial impulsada por una denuncia que apunta a un presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba al juez Ariel Lijo para profundizar la investigación sobre bienes, movimientos financieros y posibles activos no declarados.

La presentación judicial también incluye el análisis de otras operaciones, como una propiedad en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. En ese marco, se busca determinar la consistencia entre las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción y los bienes efectivamente registrados.

La denuncia original fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló un incremento significativo en el patrimonio del funcionario en un corto período, además de presuntas omisiones en la declaración de activos.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas y no hay definiciones judiciales. Sin embargo, los investigadores apuntan a reconstruir el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias y verificar si existieron irregularidades en la información patrimonial presentada.