Un fallo judicial significó un revés para el Gobierno nacional al suspender la aplicación de aspectos centrales de la reforma laboral. La medida fue dictada por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien hizo lugar a una cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dejó en suspenso 82 artículos de la ley 27.802.

La resolución implica que varios puntos clave de la normativa no podrán aplicarse hasta que se resuelva la cuestión de fondo, aunque el Ejecutivo aún tiene la posibilidad de apelar la decisión. Mientras tanto, queda paralizada buena parte del esquema de “modernización laboral” impulsado por la administración de Javier Milei.

Entre los artículos suspendidos se encuentran aquellos vinculados al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cambios en el cálculo de indemnizaciones —que excluían conceptos como el aguinaldo—, la implementación del banco de horas y la posibilidad de fraccionar vacaciones. También quedaron sin efecto las limitaciones al derecho a huelga y la ampliación de servicios considerados esenciales.

El fallo también alcanza a modificaciones en convenios colectivos, como la prioridad de acuerdos por empresa sobre los de actividad, así como restricciones a la actividad sindical, incluyendo límites a asambleas, reducción de horas gremiales y posibles sanciones a organizaciones.

En su argumentación, el magistrado consideró que la aplicación inmediata de estos cambios podría generar “daños irreparables” en caso de que la ley sea declarada inconstitucional más adelante. Además, señaló la existencia de un “peligro en la demora” que justificó la intervención urgente de la Justicia.

Desde la CGT habían planteado que la reforma introducía modificaciones regresivas que vulneraban derechos laborales protegidos por la Constitución, como la estabilidad en el empleo y la libertad sindical. El juez reconoció la legitimidad de la central obrera para actuar en representación de los trabajadores.

Otro de los puntos cuestionados fue la exclusión de trabajadores de plataformas del régimen laboral, al considerarlos independientes, así como la eliminación de principios históricos del derecho laboral, como la interpretación a favor del trabajador.

De esta manera, la discusión sobre la reforma laboral se traslada ahora al plano judicial, donde deberá definirse su validez definitiva en los próximos meses, en medio de un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales.