El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación cerró con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras un debate atravesado por fuertes cruces políticos.

El proyecto había sido impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio y defendió la iniciativa con un discurso enfocado en el endurecimiento de las consecuencias penales para adolescentes que cometan delitos.

Durante su intervención, la senadora sostuvo que “cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad” y afirmó que la norma busca “proteger a los adolescentes y reparar a las víctimas”. También pidió un minuto de silencio por las víctimas de delitos, gesto que generó un momento de tensión en el recinto y terminó con todos los bloques de pie.

Críticas por presupuesto e inconstitucionalidad

Desde el peronismo rechazaron la iniciativa desde el inicio del tratamiento. Legisladores de ese espacio advirtieron que la ley prioriza el enfoque punitivo por sobre la protección integral de las infancias y cuestionaron la asignación presupuestaria.

El texto prevé una partida de $23.700 millones para las provincias. Sin embargo, según datos mencionados en el debate, el costo del metro cuadrado en el Servicio Penitenciario Federal ronda los 3,2 millones de pesos. Con ese cálculo, el monto permitiría construir aproximadamente 7.400 metros cuadrados en todo el país, lo que dividido en 24 distritos equivaldría a unos 308 metros cuadrados por provincia.

El senador Jorge Capitanich advirtió que, sin recursos suficientes, la ley podría “quedar en letra muerta y generar una frustración colectiva”.

Por su parte, Gerardo Zamora cuestionó la constitucionalidad de varios artículos y sostuvo que la norma podría derivar en mayor litigiosidad. En el cierre del bloque kirchnerista, Martín Soria calificó al proyecto como “muy malo” y aseguró que no resolverá el problema de la inseguridad juvenil.

Desde el oficialismo y aliados, el senador Luis Juez respondió con dureza a las críticas y afirmó que la discusión no puede limitarse al presupuesto. “Hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, expresó.

Qué establece la nueva ley

El Régimen Penal Juvenil crea un sistema especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados y órganos judiciales específicos. La norma garantiza que los menores no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos y establece la presunción favorable a la minoría de edad.

Entre sus principios rectores figuran la legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, priorizando la resocialización. La prisión solo podrá aplicarse en delitos graves, con límites temporales estrictos y separación permanente de adultos.

El sistema contempla medidas progresivas que incluyen tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de circulación. Además, incorpora la figura de un supervisor judicial especializado para acompañar el proceso de reinserción.

La ley también otorga un rol central a las víctimas, garantizando asistencia jurídica y psicológica, participación en audiencias y acceso a instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.

Con la sanción definitiva, la norma queda ahora a la espera de su reglamentación y posterior publicación en el Boletín Oficial para su entrada en vigencia.