El Gobierno consiguió este jueves en el Senado la media sanción para reformar la ley de Glaciares, tras una votación que terminó 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El proyecto, que ahora será tratado en la Cámara de Diputados, introduce modificaciones clave que amplían la participación de las provincias en la gestión de los recursos naturales y en la delimitación de áreas periglaciares.

La iniciativa fue impulsada por el oficialismo de Javier Milei y contó con respaldo fragmentado de la UCR y el PRO, además del acompañamiento de senadores peronistas de provincias con fuerte desarrollo minero. Entre ellos se destacaron Sergio Uñac y Lucía Corpacci, cuyos distritos concentran algunos de los principales emprendimientos vinculados al cobre y otros minerales estratégicos.

La sesión fue seguida desde los palcos por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Más poder a las provincias

Uno de los ejes centrales de la reforma es la reconfiguración del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares. El nuevo texto establece que el instituto continuará elaborando los informes científicos, pero en coordinación con las autoridades provinciales, que tendrán mayor incidencia en la delimitación de zonas periglaciares y en la evaluación de los estudios de impacto ambiental.

El oficialismo fundamentó la reforma en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Según la postura del Gobierno, los cambios permitirán otorgar mayor previsibilidad jurídica y reactivar inversiones que permanecían paralizadas por la interpretación vigente del régimen aprobado en 2010.

Debate y posiciones encontradas

El debate expuso fuertes cruces en el recinto. El senador Luis Juez defendió su apoyo al proyecto y rechazó las críticas sobre una supuesta contradicción con su postura pasada, al sostener que la reforma genera un marco legal actualizado para promover inversiones y empleo.

En cambio, el radical Maximiliano Abad votó en contra al advertir que la iniciativa podría debilitar el carácter técnico del inventario nacional y abrir la puerta a planteos de inconstitucionalidad. En la misma línea se expresó la cordobesa Alejandra Vigo, quien cuestionó la redacción final del proyecto.

Desde el oficialismo y sectores aliados, la salteña Flavia Royón defendió la propuesta al asegurar que no implica una flexibilización ambiental, sino una adecuación normativa basada en criterios científicos. También el catamarqueño Guillermo Andrada respaldó la reforma y sostuvo que es posible compatibilizar el cuidado del agua con el desarrollo minero bajo estándares ambientales estrictos.

Próximo paso

Fuentes parlamentarias anticiparon que el tratamiento en Diputados podría concretarse en la segunda quincena de marzo. El oficialismo confía en replicar el resultado obtenido en el Senado con el acompañamiento de bloques aliados.

La ley vigente protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades extractivas en esas áreas. El punto más controvertido del debate giró en torno a la definición técnica del ambiente periglacial y su impacto en la viabilidad de proyectos mineros en zonas cordilleranas.