El Senado aprobó este viernes la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y convirtió en ley uno de los proyectos centrales de su agenda económica. Con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, la Cámara alta avaló las modificaciones realizadas previamente por Diputados, entre ellas la eliminación del polémico artículo sobre licencias médicas.
La votación marcó el cierre de las sesiones extraordinarias con un triunfo significativo para La Libertad Avanza, que logró reunir apoyos del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales dialoguistas.
La sesión fue presidida por la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, y se extendió por más de cuatro horas en un clima de fuerte confrontación política.
El punto más sensible fue la eliminación del artículo que modificaba el régimen de licencias médicas. Esa cláusula establecía recortes en los porcentajes salariales a percibir en casos de enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo, lo que generó amplio rechazo y obligó al oficialismo a ceder para garantizar los votos.
Con la sanción definitiva, el Senado optó por aceptar la versión modificada por Diputados, sin posibilidad de introducir nuevos cambios.
Entre los aspectos más relevantes de la nueva ley se destacan:
Convenios colectivos: prioridad a acuerdos por empresa o región sobre los sectoriales y eliminación de la ultraactividad automática.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): asistencia a empresas para el pago de indemnizaciones, financiado con aportes obligatorios.
Indemnizaciones: se mantiene el criterio de un sueldo por año trabajado, pero se excluyen conceptos como aguinaldo y premios extraordinarios del cálculo.
Banco de horas: posibilidad de compensar horas extras mediante acuerdos escritos.
Trabajadores de plataformas: se crea la figura del repartidor independiente bajo contrato de servicios.
Derecho a huelga: ampliación de actividades consideradas esenciales, que deberán garantizar entre el 50% y el 75% de funcionamiento.
Blanqueo laboral: reducción de hasta el 70% de deudas por aportes y beneficios para empleadores que formalicen trabajadores.
Además, se incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que generó cuestionamientos por su tratamiento parlamentario.
Durante el debate, el senador kirchnerista Mariano Recalde cuestionó la constitucionalidad de varios puntos del proyecto y advirtió sobre un aumento de la litigiosidad. En la misma línea, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó la iniciativa como “un retroceso en derechos laborales”.
Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la norma como una herramienta para fomentar el empleo formal y reducir la conflictividad judicial. La senadora Patricia Bullrich sostuvo que la reforma busca desmontar “un sistema que expulsó trabajadores a la informalidad” y afirmó que se trata de una oportunidad histórica para modernizar el mercado laboral.
Las abstenciones correspondieron a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
Con esta sanción, el Gobierno consolida uno de los pilares de su programa económico y abre una nueva etapa en el esquema de relaciones laborales, cuyos efectos comenzarán a medirse en los próximos meses.


_(7)_3.png)

_2.png)