Paraguay atraviesa una fuerte crisis financiera y política tras la intervención de Ueno Bank, una de las entidades digitales más importantes del país, por problemas de solvencia. El episodio derivó en la renuncia de Carlos Carvallo, presidente del Banco Central, a pedido del mandatario Santiago Peña, y generó cuestionamientos sobre los vínculos entre el Gobierno y el grupo empresario propietario de la entidad.

La decisión del Banco Central se conoció el martes 3 de noviembre, luego de detectar que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por las regulaciones financieras. Como consecuencia, se inició un procedimiento de resolución que implicó el cierre de las sucursales y la suspensión de los servicios bancarios.

La medida afectó a una entidad que cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administra cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos. Entre los recursos comprometidos se encuentran inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene alrededor de 355 millones de dólares en el banco y utiliza sus servicios para el pago de jubilaciones.

Tras el anuncio, numerosos clientes se concentraron frente a las sucursales para reclamar el acceso a sus ahorros. La situación generó especial preocupación entre jubilados y beneficiarios que utilizan la plataforma para recibir sus prestaciones.

Renuncia en el Banco Central e investigación judicial

Carlos Carvallo presentó su renuncia después de que Peña solicitara su salida. El funcionario había encabezado anteriormente la estructura financiera que dio origen a Ueno Bank, una circunstancia que alimentó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la supervisión ejercida por el organismo regulador.

En paralelo, la Fiscalía paraguaya abrió una investigación penal y ordenó la detención de ocho personas vinculadas con la entidad, entre ellas su principal accionista, Miguel Vázquez, y otros directivos.

Las primeras observaciones de los investigadores apuntan a créditos concedidos a empresas relacionadas con el grupo empresario propietario del banco y a un deterioro de sus indicadores de liquidez.

El presidente paraguayo anunció que impulsará, junto con los titulares de ambas cámaras del Congreso, un proyecto de ley para acelerar el pago a los depositantes y garantizar la devolución de los fondos públicos comprometidos.

El sistema de garantía de depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por persona, equivalente a aproximadamente 38.600 dólares.

La oposición reclama explicaciones y amenaza con un juicio político

La crisis también se trasladó al terreno institucional. Senadores de la oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, además de presentar denuncias contra las autoridades del Banco Central por posibles responsabilidades en la supervisión de la entidad.

Los cuestionamientos se apoyan, entre otros aspectos, en los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025 y en la designación de Carvallo al frente del organismo monetario después de haber dirigido la entidad financiera.

El mandatario suspendió un viaje previsto a España para participar de la Cumbre Iberoamericana y aseguró que se trata de un problema particular de una institución, no de una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.

Mientras avanzan las investigaciones y los mecanismos para proteger a los ahorristas, el caso representa un desafío para el Gobierno de Peña y pone bajo escrutinio los controles financieros y la administración de recursos públicos en Paraguay.