Una investigación interna de la Armada Argentina detectó 645 acreditaciones de haberes que no correspondían por un monto total de $981.148.567,88. Las operaciones se realizaron entre julio de 2022 y enero de 2026 y alcanzaron a 23 personas, según la denuncia presentada ante la Justicia Federal.

El caso comenzó a partir de una revisión de rutina realizada en febrero de este año sobre los haberes correspondientes a enero. Una teniente detectó que cinco integrantes del Departamento Revista habían recibido suplementos superiores a los que les correspondían. Los empleados devolvieron el dinero y la Armada decidió ampliar el análisis hacia períodos anteriores.

La revisión permitió encontrar diferencias entre las liquidaciones oficiales, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco Nación para concretar los pagos. Los investigadores determinaron que algunos registros eran modificados antes de la transmisión bancaria y posteriormente restituidos a sus valores originales en los sistemas internos.

De acuerdo con la investigación, el procedimiento permitía aumentar temporalmente el monto destinado a determinados beneficiarios o incorporar personas que no figuraban en las liquidaciones legítimas. Una vez concretadas las transferencias, los archivos internos podían volver a mostrar los valores originales.

Cuatro personas ajenas a la Armada

Entre los 23 beneficiarios identificados aparecen militares, personal civil y cuatro personas que no tenían relación laboral o funcional con la institución. Estas últimas recibieron en conjunto $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto total detectado.

La principal beneficiaria individual fue María del Carmen Prieto, esposa del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien estaba al frente del Departamento Revista durante el período investigado. Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86.

Según la documentación incorporada a la causa, Atanasoff reconoció ante la investigación administrativa conocer las acreditaciones realizadas a personas ajenas a la fuerza y afirmó que las operaciones se cargaban manualmente. También habría señalado que él decidía los beneficiarios y los montos. La Justicia deberá determinar el alcance de su responsabilidad y si participaron otras personas.

La investigación también detectó otros casos que quedaron bajo análisis, entre ellos pagos realizados a personal que se encontraba destinado en el exterior o en situaciones administrativas que impedían determinadas acreditaciones.

La causa ya está en la Justicia Federal

La Armada presentó la denuncia penal después de completar una investigación administrativa. La causa quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, y el fiscal Ramiro González solicitó nuevas medidas para determinar cómo se realizaron las operaciones.

Entre ellas se encuentran una pericia informática sobre las computadoras utilizadas en el circuito de pagos, la declaración de un funcionario que participó de la auditoría, los legajos del personal involucrado y documentación al Banco Nación sobre las transferencias realizadas.

Hasta el momento, algunos de los involucrados restituyeron parte del dinero. Las devoluciones alcanzaron $42.574.267,63, por lo que la diferencia pendiente se ubicó en $938.574.300,25. La investigación judicial deberá establecer el destino de los fondos y la responsabilidad individual de cada persona involucrada.

El caso comenzó con una irregularidad detectada en una revisión de haberes y derivó en una investigación sobre un mecanismo que, según la denuncia, habría operado durante más de tres años dentro del circuito utilizado para pagar los salarios de la Armada.