El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá presentar ante la Justicia documentación y explicaciones sobre distintos movimientos de su patrimonio, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El requerimiento fue realizado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y contempla más de 20 puntos vinculados con los bienes, ingresos, gastos y operaciones financieras de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La presentación busca determinar el origen de los fondos utilizados durante el período analizado.

Entre los principales aspectos que deberá aclarar aparecen las operaciones vinculadas con dos inmuebles: un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y un lote en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La investigación también pone el foco en las refacciones realizadas en esas propiedades. En particular, la Fiscalía pidió documentación relacionada con una remodelación en la vivienda del country que, según consta en el expediente, habría demandado unos US$245.000.

Otro de los puntos bajo análisis son las inversiones en criptomonedas. Adorni había declarado que en 2014 invirtió US$200.000 en Bitcoin y que esa operación le permitió obtener una ganancia cercana a US$300.000. La Justicia busca que aporte documentación que permita reconstruir esas operaciones.

Los gastos familiares también forman parte del requerimiento. La investigación reconstruyó pagos realizados en efectivo, movimientos en moneda extranjera, viajes, alquileres temporarios, expensas, cuotas escolares y otras operaciones.

Según los datos difundidos sobre el expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 Adorni y Angeletti realizaron pagos en efectivo por $51,7 millones y US$374.081. También fueron analizados gastos vinculados con viajes internacionales, entre ellos una estadía en Aruba que habría implicado desembolsos por US$14.696.

Además, una reconstrucción incorporada a la investigación calculó ingresos comprobados del matrimonio por $229,7 millones, frente a gastos por $272,8 millones, lo que arrojaría una diferencia superior a $43 millones durante el período analizado.

La presentación de las explicaciones constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez que la defensa entregue la documentación, la Fiscalía deberá evaluar si las respuestas resultan suficientes para justificar las operaciones cuestionadas o si corresponde avanzar con nuevas medidas en la investigación.