Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó que al menos dos de las personas que viajaban en la lancha interceptada por fuerzas cubanas en el Caribe eran ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos murió y el otro resultó herido durante el operativo.

Según esa fuente, una tercera persona contaba con una visa K-1 —conocida como “fiancé visa”, destinada a quienes planean casarse en Estados Unidos en un plazo de 90 días—, mientras que el resto de los ocupantes podría tener residencia permanente legal en ese país.

El incidente ocurrió frente a la costa norte de Cuba, cerca de Cayo Falcones, cuando la embarcación fue interceptada por las Tropas Guardafrontera. De acuerdo con el Ministerio del Interior cubano, los ocupantes del bote dispararon contra una unidad oficial que intentaba identificarlos. En el enfrentamiento murió uno de los tripulantes y varias personas resultaron heridas, incluido un comandante de las fuerzas cubanas.

Versiones cruzadas

Las autoridades de la isla calificaron el hecho como una “agresión armada” y señalaron que en la lancha se hallaron fusiles de asalto, armas cortas, explosivos de fabricación casera, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje. Además, indicaron que los involucrados —identificados como de origen cubano— residían en Estados Unidos y tenían antecedentes delictivos.

Desde Washington, en tanto, se informó que el propietario de la embarcación denunció que había sido robada por un empleado en el sur de Florida. La oficina del sheriff del condado de Monroe investiga el presunto hurto ocurrido en Big Pine Key.

El gobierno cubano había sostenido inicialmente que todos los participantes eran cubanos residentes en Estados Unidos. Posteriormente se confirmó que uno de los fallecidos era ciudadano estadounidense, lo que añade un componente diplomático al caso.

Contexto de tensión

El episodio se produce en un escenario de creciente fricción entre Estados Unidos y Cuba, tras el endurecimiento de sanciones por parte de Washington y en medio de cambios geopolíticos en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la administración estadounidense está recopilando información propia para esclarecer lo ocurrido, incluido el estatus migratorio de los involucrados. Por su parte, la fiscalía del Distrito Sur de Florida indicó que busca respuestas a través de los canales legales y diplomáticos disponibles, ya que los hechos presentan versiones contradictorias.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso suma presión a una relación bilateral históricamente compleja y vuelve a colocar al Caribe en el centro de la agenda internacional.