La diferencia entre ambas estimaciones asciende a aproximadamente $101.890 millones y vuelve a poner en discusión el financiamiento del Poder Judicial y los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.

El requerimiento fue formalizado mediante el Acuerdo Extraordinario N.º 6, que aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2027 y las proyecciones financieras para los ejercicios 2028 y 2029. Para esos períodos, las necesidades estimadas ascienden a $397.712 millones y $421.574 millones, respectivamente.

Sin embargo, la Dirección General de Presupuesto de la Provincia comunicó créditos por $257.299 millones, monto al que deberá ajustarse indefectiblemente el Poder Judicial. Desde el máximo tribunal señalaron que esa disponibilidad económica resultaría insuficiente para cumplir con la totalidad de los programas previstos.

Un reclamo que se repite

La diferencia entre los fondos solicitados por la Justicia y los contemplados por el Ejecutivo provincial se mantiene desde hace varios ejercicios.

Para 2026, el Superior Tribunal había calculado necesidades cercanas a los $299.000 millones, mientras que el Gobierno proyectó inicialmente unos $192.000 millones. En 2025, la previsión del Ejecutivo también había quedado por debajo de los requerimientos judiciales.

Entre los fundamentos del nuevo presupuesto se encuentran la incorporación de dependencias judiciales, el fortalecimiento de los recursos humanos, la implementación de nuevos procedimientos procesales, la modernización tecnológica y la continuidad de las obras de infraestructura.

El anteproyecto también contempla una recomposición salarial para los trabajadores judiciales y una planta de personal permanente y temporaria de 3.737 cargos.

La discusión presupuestaria vuelve así a exponer las diferencias entre dos poderes del Estado provincial respecto de los recursos necesarios para sostener la administración de Justicia durante el próximo año.