El Gobierno de Javier Milei busca consolidar su estrategia política de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en un escenario marcado por las diferencias internas del peronismo y la necesidad de mantener acuerdos con gobernadores aliados para reunir respaldos en el Congreso.

Según un análisis publicado por Infobae este sábado, la reciente victoria parlamentaria del oficialismo expuso tanto su capacidad de negociación como las limitaciones derivadas de no contar con una mayoría propia. El Gobierno consiguió impedir que avanzara una sesión opositora que buscaba tratar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

El resultado estuvo vinculado con el respaldo de legisladores cercanos a distintos mandatarios provinciales, entre ellos Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Carlos Sadir, de Jujuy; Rolando Figueroa, de Neuquén; Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

Negociaciones abiertas con las provincias

La relación con los gobernadores constituye uno de los ejes centrales de la estrategia oficial. Las conversaciones incluyen recursos para las provincias, respuestas a demandas particulares y modificaciones a proyectos legislativos para facilitar acuerdos.

En paralelo, el Ejecutivo procura ordenar el tratamiento de iniciativas como el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, además de otras propuestas vinculadas con la propiedad privada, la discapacidad y la defensa de la soberanía nacional.

La cercanía del calendario electoral representa otro factor de presión. Dentro del oficialismo consideran que las negociaciones parlamentarias podrían volverse más complejas a medida que se acerquen los comicios, por lo que buscan avanzar con su agenda antes de que finalice el año.

La economía, un desafío para la estrategia electoral

El análisis también señala que el Gobierno apuesta a capitalizar las divisiones de la oposición, especialmente las disputas por el liderazgo dentro del peronismo. Sin embargo, esa estrategia convive con dificultades económicas que pueden condicionar las expectativas electorales del oficialismo.

De acuerdo con un relevamiento nacional de la consultora Aresco citado por Infobae, el trabajo y la actividad económica concentran el 40,8% de las preocupaciones relevadas, mientras que la inflación alcanza el 16,4%.

En este contexto, la administración libertaria enfrenta el desafío de sostener los acuerdos políticos y, al mismo tiempo, mostrar resultados económicos concretos. La posibilidad de avanzar con las reformas pendientes dependerá tanto de las negociaciones legislativas como de la evolución de la actividad y de las condiciones de vida de la población.