El Gobierno nacional acordó con bloques aliados restablecer las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una negociación parlamentaria que busca sostener la vigencia del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.

El acuerdo quedó plasmado en un dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorporó dos artículos para dejar sin efecto la derogación de la Ley de Tierras y recuperar su vigencia. La iniciativa será debatida en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo 21 de octubre y, si se aprueba con modificaciones, deberá volver al Senado.

Qué establece el límite a la compra de tierras

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden ser titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. También fija un límite del 30% para la concentración de tierras dentro del cupo habilitado a personas de una misma nacionalidad.

Además, contempla restricciones para la adquisición de terrenos rurales que contengan cuerpos de agua relevantes o estén ubicados en zonas de seguridad de frontera.

Estas disposiciones habían sido derogadas mediante el DNU 70/2023. Sin embargo, la Corte Suprema restituyó provisoriamente la vigencia de la ley a través de una medida cautelar.

La negociación en el Congreso

La incorporación de los límites a la compra de tierras respondió a los planteos de sectores aliados al oficialismo, que cuestionaban la eliminación de esas restricciones, pero no querían respaldar la derogación completa del decreto.

La oposición había convocado a una sesión especial para este jueves 15 de octubre con el objetivo de debatir el rechazo al DNU 70/23. Frente a ese escenario, el oficialismo buscó acercar posiciones con el PRO, sectores de la UCR y otros bloques para reducir el apoyo a la iniciativa opositora.

Durante el debate en comisiones, el diputado radical correntino Diógenes González propuso incorporar los artículos que restablecen la normativa sobre tierras rurales.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada también incluye modificaciones sobre expropiaciones, restitución de inmuebles ocupados y desalojos por falta de pago. Su tratamiento en el recinto está previsto para el 21 de octubre.