El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), presentó nuevas propuestas de seguridad pública con eje en el endurecimiento de las penas y la ampliación del sistema penitenciario. Durante un acto de campaña realizado el martes 13 de octubre en San Pablo, sostuvo que las medidas aplicadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele no serían suficientes para abordar la criminalidad en Brasil.

“Creo que El Salvador es poco”, afirmó el dirigente, quien anunció que pretende crear más de 500.000 plazas penitenciarias. La propuesta forma parte de una agenda que busca ampliar la capacidad de las cárceles y establecer sanciones más severas para distintos delitos.

El candidato aseguró que ya intercambia ideas con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, para avanzar en iniciativas vinculadas con la seguridad. Sin embargo, durante su discurso no precisó cuánto costaría construir esa cantidad de plazas, en qué plazos se concretaría el plan ni cómo se financiaría.

Castración química y penas de ocho años por robo de celulares

Entre las medidas anunciadas, Flávio Bolsonaro propuso aplicar la castración química a condenados por violación y abuso sexual contra mujeres y niños. También planteó aumentar las penas para estos delitos, aunque no detalló los mecanismos legales previstos para implementar las medidas.

En relación con el robo de teléfonos celulares, propuso establecer una pena mínima de ocho años de prisión. Además, defendió que las personas encarceladas sean obligadas a trabajar durante el cumplimiento de sus condenas.

Las iniciativas apuntan a endurecer la legislación penal y ampliar el uso de la prisión como herramienta de combate al delito. Su eventual aplicación requeriría definiciones normativas y, según el alcance de cada medida, la aprobación de cambios legales.

El modelo de Bukele como referencia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convirtió la política de encarcelamiento masivo en uno de los ejes de su estrategia de seguridad. Su gestión es tomada como referencia por sectores de la derecha brasileña que proponen reforzar las penas y ampliar la infraestructura penitenciaria.

Sin embargo, el modelo salvadoreño también recibe cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia, en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022.

En Brasil, la discusión sobre la seguridad pública se desarrolla en un contexto marcado por el tamaño de la población carcelaria y los problemas de hacinamiento. Por eso, las propuestas de expansión penitenciaria y endurecimiento de las sanciones abren interrogantes sobre su costo, su implementación y sus efectos sobre el sistema judicial.

Las declaraciones de Flávio Bolsonaro incorporan la seguridad como uno de los temas centrales de su campaña presidencial y anticipan un debate sobre el alcance de las penas, las condiciones de detención y las herramientas del Estado para enfrentar la criminalidad.