El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica el régimen tributario y busca facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero.

La iniciativa fue aprobada con 43 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones. El oficialismo contó con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales. El bloque peronista votó en contra y cuestionó el alcance de la propuesta.

Uno de los principales cambios está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias. La nueva normativa elimina los límites que impedían acceder al esquema a contribuyentes que hubieran registrado ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio mayor a diez mil millones durante alguno de los últimos tres años.

La ley también modifica el criterio para establecer cuándo existe una discrepancia significativa entre la información declarada por un contribuyente y los datos con los que cuenta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A su vez, establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a determinados beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado tapón fiscal.

El régimen contempla, además, restricciones para funcionarios públicos y personas que hayan ocupado determinados cargos durante los cinco años anteriores, quienes no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de Ganancias.

Media sanción para los biocombustibles

Luego de convertir en ley Inocencia Fiscal II, el Senado avanzó con el nuevo régimen de biocombustibles, que obtuvo media sanción y deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

La votación resultó en 41 votos afirmativos y 25 negativos, sin abstenciones. La propuesta plantea modificaciones en los porcentajes de corte obligatorio y responde a planteos de sectores vinculados con las industrias azucarera y aceitera.

La jornada legislativa se extendió durante más de once horas y estuvo atravesada por cuestionamientos de la oposición a distintos aspectos de la agenda impulsada por el Gobierno y a modificaciones incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027.

Durante la misma sesión, el Senado también aprobó acuerdos para avanzar con el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires de competencias de la Justicia penal y correccional de menores, además de otros asuntos incluidos en el temario.