El operador de la ultraderecha iberoamericana fue identificado como miembro del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”, uno entre los varios que se dividieron tareas como la cooptación de militares para fines antidemocráticos, según consta en la decisión firmada por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes.
Fue condenado por estafa y defraudación, tras haberle vendido a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata. El fallo de 2016 lo declaró autor jurídicamente responsable de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal, y le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.