También se analizaron operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, declaraciones patrimoniales, vehículos, consumos con tarjetas, viajes, operaciones de cambio y movimientos en plataformas de activos virtuales. La investigación incluyó información de bancos, registros de la propiedad, ARCA, ANSES, CNV, BCRA, plataformas como Binance, Lemon, Buenbit y SatoshiTango, además de testimonios de escribanos, vendedores, desarrolladores inmobiliarios, acreedores y otras personas vinculadas a las operaciones investigadas.
En particular, la Fiscalía señaló que deberá explicarse también la operatoria con criptoactivos, incluido un capital informado por Adorni ante una billetera virtual al validar su identidad que, según el dictamen, “no” fue exteriorizado en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, además del origen y destino de activos incorporados posteriormente en una declaración rectificativa y su posible vinculación con un circuito de billeteras detectado por la SIFRAI-DAFI.
La intimación se encuadra en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal y abarca el incremento patrimonial registrado por Adorni y su esposa durante el período en que el exfuncionario ejerció cargos en la administración pública nacional. La Fiscalía sostiene que son los incrementos, adquisiciones y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos acreditados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente” los que ahora deberán ser justificados.
Ahora, Adorni tendrá 15 días para brindar las explicaciones y aportar la documentación correspondiente sobre cada uno de los 20 puntos incluidos en el requerimiento fiscal.