Aunque el oficialismo consiguió la media sanción de la iniciativa, debió eliminar los capítulos vinculados con la venta de tierras rurales a extranjeros y con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego para conseguir los votos necesarios.

El resultado generó una autocrítica dentro de La Libertad Avanza, especialmente en relación con la comunicación del proyecto y la coordinación de las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores.

“Estamos en un buen momento, pero comunicamos muy mal”, resumió un legislador libertario consultado por Infobae, en referencia a la necesidad de evitar que se repitan errores durante el tratamiento de las próximas iniciativas.

La agenda que viene

Con el foco puesto nuevamente en Diputados, el oficialismo busca retomar la iniciativa legislativa y avanzar con dos proyectos considerados prioritarios: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal.

La estrategia también contempla mejorar el vínculo con los gobernadores y con los sectores de la oposición dialoguista, cuyos votos resultan determinantes para aprobar proyectos en un Congreso donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.

El revés en el Senado dejó además una señal política para la Casa Rosada: varios gobernadores que inicialmente aparecían como aliados endurecieron sus posiciones frente a iniciativas que podían generarles un costo político en sus provincias.

Más negociación con las provincias

La Casa Rosada apunta ahora a fortalecer la coordinación política y evitar nuevos conflictos con los mandatarios provinciales.

La discusión adquiere especial relevancia de cara al calendario electoral de 2027, mientras los gobernadores buscan preservar margen de negociación con el Gobierno nacional sin quedar asociados a medidas que puedan generar rechazo entre sus electorados.

En ese escenario, el oficialismo deberá afrontar una agenda legislativa que incluye proyectos económicos y fiscales, con la necesidad de construir acuerdos antes de llevarlos al recinto.

La apuesta del Gobierno es que la nueva etapa permita corregir los problemas de comunicación y negociación evidenciados durante el debate de la Ley de Tierras y recuperar capacidad para avanzar con su agenda en el Congreso.