"Esta ampliación no representa únicamente más espacio físico. Significa una mejora concreta en la capacidad logística del puerto para atender el crecimiento de las economías regionales, brindar mayor previsibilidad a los exportadores e incrementar la eficiencia operativa de toda la cadena de transporte", remarcó el funcionario.
"Para la habilitación de esta nueva superficie, se incorporó infraestructura tecnológica de última generación, incluyendo 2 nuevas torres de iluminación de gran potencia, un sistema integral de videovigilancia con cámaras equipadas con sensores térmicos y tecnología de reconocimiento facial, elevando significativamente los estándares de seguridad patrimonial y operativa. Paralelamente, el operador portuario continúa realizando inversiones que permiten optimizar los procesos internos. Entre ellas, se destaca la adquisición de una nueva balanza para el control y gestión de cargas, herramienta fundamental para agilizar movimientos y mejorar la trazabilidad logística dentro de la terminal", agregó el funcionario y prosiguió: "Asimismo, se incorporaron 4 autoelevadores nuevos, equipamiento que incrementa la capacidad operativa diaria, reduce tiempos de maniobra y aporta mayor eficiencia al movimiento de contenedores y cargas generales. Pero quizás uno de los desafíos más importantes que hoy enfrenta el puerto de Corrientes trasciende la infraestructura física. Desde el Gobierno provincial, por iniciativa del gobernador Juan Pablo Valdés, se trabaja activamente para alcanzar estándares internacionales de sostenibilidad que permitan posicionar a la terminal dentro del concepto de green port o puerto verde. Es un puerto que desarrolla sus actividades minimizando el impacto ambiental, optimizando el uso de la energía, incorporando tecnologías sustentables, fortaleciendo la seguridad de las personas y promoviendo una relación equilibrada entre el desarrollo económico y el cuidado del entorno", detalló.
Navegación de cabotaje
En paralelo a las obras, Corrientes viene además promoviendo un proyecto de ley en el Congreso que busca actualizar la ley de cabotaje. La norma vigente data de los años 40.
La antigua ley tiene varios impedimentos para usar barcos de bandera extranjera, que son la mayoría, pero resulta que hay pocas empresas argentinas que se desempeñan en el rubro, por lo que complica sacar la producción correntina por la vía fluvial.
"La ley de cabotaje establece que el transporte de cargas entre puertos argentinos debe ser realizado prioritariamente por embarcaciones de bandera nacional. El espíritu de la norma es claro y compartible: proteger y fortalecer a la marina mercante argentina, promover el empleo nacional y consolidar una flota propia", dijo Escobar Damús, pero aclaró: "El problema aparece cuando la oferta disponible resulta insuficiente para atender la demanda de transporte que generan los sectores productivos".
"Hoy, en gran parte del litoral argentino, y particularmente en Corrientes, existe carga disponible para exportar, industrias que necesitan mover sus productos y puertos con capacidad operativa. Sin embargo, muchas veces no existe una oferta suficiente de convoyes o embarcaciones de bandera nacional que permitan canalizar esa producción hacia los mercados internacionales", agregó.