La iniciativa, que será enviada al Congreso, cuenta con el respaldo del oficialismo y legisladores aliados. Según trascendió, lleva las firmas de Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones, además del acompañamiento de diputados como Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni.
Desde el Gobierno sostienen que el sistema actual:
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los criterios utilizados por la Organización Panamericana de la Salud para definir los excesos nutricionales. El oficialismo afirma que el método usa proporciones sobre el total calórico y no valores absolutos por cada 100 gramos, lo que —según argumentan— genera “distorsiones”.
Además, buscan alinear la normativa argentina con otros países del Mercosur para evitar diferencias en envases y producción.
Entre las modificaciones que se analizan aparecen:
La ley vigente también prohíbe promociones orientadas a niños en productos con sellos y limita su presencia en escuelas.
Organismos de salud, especialistas y asociaciones de consumidores sostienen que el etiquetado frontal ayuda a tomar decisiones más informadas y fomenta hábitos de alimentación más saludables.
La normativa fue sancionada en 2021 bajo el nombre de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y comenzó a implementarse en 2022.
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