El caso se inició el 6 de octubre de 2025, a partir de la denuncia presentada por una tía de las víctimas, quien descubrió los abusos sistemáticos. Al momento de los hechos, el imputado cumplía prisión domiciliaria por condenas previas de narcotráfico y microtráfico de estupefacientes, situación que le permitió aprovechar la convivencia para someter a las menores.
La primera hija fue abusada desde los 9 hasta los 13 años.
La segunda sufrió ataques desde los 11 años, durante un año.
La tercera fue agredida desde los 11 años, con episodios de violencia física acreditados en pericias.
Los informes psicológicos y médicos, junto con los testimonios, confirmaron un patrón de abuso continuado y sistemático.
El fiscal Ramón Alfredo Muth representó al Ministerio Público y demostró cómo el acusado se valió de la vulnerabilidad de las niñas. Ante el cúmulo probatorio, el imputado confesó los delitos, lo que permitió avanzar en un juicio abreviado. La jueza Aguirri unificó las causas de narcotráfico y abuso sexual en una pena única de 28 años de cárcel, y ordenó el traslado inmediato del condenado a un calabozo común, perdiendo el beneficio de la detención domiciliaria.
Actualmente, el hombre se encuentra alojado en la Comisaría Primera de Bella Vista, a la espera de que la jueza de Ejecución de Condena determine el penal provincial donde cumplirá su sentencia.
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