La resolución judicial fue dictada luego de una presentación realizada por organismos de derechos humanos y trabajadores del sector, quienes advirtieron sobre dificultades operativas y falta de recursos para el normal funcionamiento del organismo.

El fallo exige al Estado nacional garantizar el personal, equipamiento y financiamiento necesarios para sostener las tareas científicas y administrativas del Banco, considerado una herramienta fundamental en la búsqueda de identidad y en investigaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad.

Además, la Justicia remarcó que el organismo cumple una función esencial para la preservación de pruebas genéticas y para el trabajo que llevan adelante las Abuelas de Plaza de Mayo y distintos organismos de derechos humanos.

Desde el Banco Nacional de Datos Genéticos habían alertado sobre problemas vinculados a recortes presupuestarios, demoras administrativas y falta de insumos, situación que —según indicaron— ponía en riesgo el desarrollo de estudios y pericias.

El organismo funciona desde 1987 y tiene como objetivo central resguardar información genética de familiares de personas desaparecidas para facilitar la identificación de hijos y nietos apropiados durante la dictadura.

Fuente: Infobae.