La resolución judicial se basó en informes presentados por la Fiscalía y en inspecciones realizadas en el complejo penitenciario, donde se advirtió una situación crítica vinculada al consumo de sustancias ilícitas entre los internos.

Entre los puntos señalados, la Justicia remarcó el incremento de personas privadas de la libertad con graves complicaciones de salud derivadas del consumo de drogas, además de antecedentes recientes que incluyeron el fallecimiento de un interno y derivaciones de urgencia al Hospital Vidal.

Otro de los aspectos que generó preocupación fue la falta de funcionamiento del scanner utilizado para detectar sustancias prohibidas en los controles de ingreso, situación que debilita las medidas de seguridad dentro del penal.

Ante este escenario, el Juzgado requirió de manera urgente al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario Provincial la reparación y puesta en marcha del equipo de control, además de un informe detallado sobre los plazos previstos y las medidas alternativas implementadas mientras el sistema permanece fuera de servicio.

La resolución también ordenó intensificar las requisas y operativos de vigilancia para evitar el ingreso de sustancias ilícitas y preservar la seguridad institucional.

En el escrito judicial se recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones dignas de detención y proteger la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad.