El proyecto de reforma electoral enviado por el Gobierno nacional al Congreso comenzó a generar repercusiones en la Ciudad de Buenos Aires, donde distintos sectores políticos ya plantean posiciones contrapuestas sobre su posible aplicación a nivel distrital.

Desde el oficialismo libertario, algunos referentes impulsan replicar los cambios en la Ciudad, con eje en la eliminación de las PASO y la implementación de iniciativas como Ficha Limpia. En ese sentido, sostienen que se trata de medidas necesarias para reducir costos y terminar con prácticas que consideran innecesarias dentro del sistema político.

Sin embargo, desde otros espacios surgen fuertes cuestionamientos. Dirigentes opositores advierten que la reforma podría limitar la participación política, especialmente de fuerzas más pequeñas, al elevar requisitos como la cantidad de afiliados o el piso electoral necesario para mantener la personería.

También hay críticas vinculadas a la eliminación de las primarias, al considerar que son una herramienta clave para dirimir internas y ordenar candidaturas tanto en el oficialismo como en la oposición.

En paralelo, otras voces dentro del escenario porteño plantean que el problema de fondo no es el sistema electoral en sí, sino la frecuencia de los comicios, y proponen avanzar hacia esquemas que reduzcan la cantidad de elecciones para evitar una “campaña permanente”.

Además, el proyecto nacional incluye cambios significativos en el financiamiento político, como la reducción de aportes estatales, mayor peso del financiamiento privado y la eliminación de espacios gratuitos de publicidad electoral en medios, aspectos que también generan debate por su impacto en la equidad entre partidos.

En este contexto, el escenario en la Ciudad aparece fragmentado y sin acuerdos claros, lo que complica la posibilidad de avanzar con una reforma de estas características en el corto plazo.