El presidente Javier Milei decidió acelerar el anuncio de una reforma electoral que será enviada al Congreso en los próximos días, en un contexto marcado por la necesidad de conseguir apoyos políticos para su aprobación.

Según trascendió, el proyecto incluiría cambios estructurales en el sistema, entre ellos la eliminación de las elecciones primarias (PASO), modificaciones en el financiamiento de campañas y la incorporación de la denominada “Ficha Limpia”, que impediría candidaturas de personas con condenas judiciales.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas que el oficialismo pretende impulsar durante 2026, con el objetivo de rediseñar aspectos centrales del funcionamiento institucional.

El desafío de los votos en el Congreso

Uno de los principales interrogantes es si el Gobierno logrará reunir los votos necesarios para aprobar la reforma. En un escenario político fragmentado, la estrategia oficial apunta a reactivar el diálogo con sectores de la oposición y, especialmente, con los gobernadores.

Los mandatarios provinciales aparecen como actores decisivos, ya que tienen influencia directa sobre legisladores y bloques clave. Sin ese respaldo, al oficialismo le resultaría difícil avanzar con iniciativas de alto impacto en el Congreso.

Gobernadores, aliados y tensiones

En paralelo, la relación entre Nación y las provincias atraviesa un momento de negociación constante. El Gobierno busca sostener acuerdos con gobernadores “dialoguistas”, aunque también existen tensiones vinculadas al calendario electoral y a la posibilidad de desdoblar elecciones en algunas jurisdicciones.

Desde la Casa Rosada consideran que estas definiciones serán determinantes para el escenario político de los próximos años, ya que pueden incidir tanto en la gobernabilidad como en la estrategia electoral de cara a 2027.

Reforma clave en la agenda oficial

La reforma electoral se perfila así como una de las iniciativas centrales del Gobierno nacional en el corto plazo. Su avance dependerá no solo del contenido del proyecto, sino también de la capacidad del Ejecutivo para construir consensos en un Congreso donde los acuerdos con las provincias resultan determinantes.