El Gobierno nacional decidió poner fin a una operatoria financiera que venía generando fuertes ganancias para inversores y, al mismo tiempo, presión sobre las reservas del Banco Central de la República Argentina. La maniobra, conocida en el mercado como “rulo”, aprovechaba la diferencia de cotización entre el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL).
El mecanismo era legal y consistía en comprar dólares en el mercado local a través del MEP, girarlos al exterior y luego reingresarlos mediante el CCL. En ese ida y vuelta, los operadores captaban la brecha entre ambas cotizaciones, que en las últimas semanas llegó a superar el 4% por operación, incluso descontando costos.
Este circuito implicaba una salida constante de divisas, ya que cada giro al exterior debía ser abastecido por el Banco Central. Como resultado, se dificultaba la acumulación de reservas en un contexto económico sensible.
Para frenar esta dinámica, la autoridad monetaria emitió la Comunicación A 8417, que establece que quienes transfieran divisas al exterior deberán presentar una declaración jurada comprometiéndose a no operar con bonos en moneda extranjera —ya sea vía MEP o CCL— durante los siguientes 90 días. La medida impide realizar rápidamente el ciclo completo del rulo.
En el mercado, la intervención oficial había comenzado de manera informal, con advertencias a entidades financieras. Sin embargo, la continuidad de la operatoria, especialmente entre inversores minoristas, llevó a endurecer las restricciones.
Analistas señalaron que esta práctica no solo presionaba sobre las reservas, sino que también distorsionaba el mercado de deuda. La brecha cambiaria incentivaba a los inversores a priorizar el arbitraje por sobre la inversión en bonos, generando tasas artificialmente bajas en el mercado local en comparación con el exterior.
Tras la implementación de la medida, se observó una reducción en la demanda de divisas para girar fuera del país, lo que permitió al Banco Central mejorar su capacidad de compra de reservas. No obstante, también se amplió la brecha entre los tipos de cambio financieros y creció el malestar entre operadores, que cuestionan el endurecimiento del cepo.
La decisión se enmarca en un paquete más amplio de medidas orientadas a estabilizar el mercado cambiario, fortalecer las reservas y sostener el flujo de dólares en la economía, en un escenario todavía atravesado por restricciones cambiarias.
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