El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, fue procesado por la Justicia en una causa penal por retención indebida de aportes y contribuciones, en un fallo que marca un hecho inédito para la conducción del fútbol argentino. La medida también alcanza al tesorero Pablo Toviggino y a otros directivos.
La resolución fue dictada por el juez Diego Amarante, quien consideró acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, la participación de los imputados en una maniobra que implicó la omisión del pago de tributos y aportes por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025.
Según el fallo, tanto Tapia como Toviggino tenían capacidad de decisión dentro de la entidad y habrían intervenido directamente en el incumplimiento de las obligaciones fiscales. El magistrado sostuvo que esta conducta permitió disponer de mayores fondos dentro de la institución al no ingresar los montos retenidos en tiempo y forma.
En paralelo, la Justicia dispuso embargos por 350 millones de pesos sobre los bienes de la AFA, así como también sobre el patrimonio personal de Tapia y Toviggino. La causa incluye además a otros dirigentes, acusados de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravada por la participación de múltiples personas.
Si bien los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, los imputados deberán cumplir una serie de restricciones: no podrán ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización judicial, deberán informar cualquier cambio de residencia y seguirán con prohibición de salida del país. También estarán obligados a presentarse ante la Justicia cada vez que sean convocados.
En su análisis, el juez remarcó el rol central de Tapia dentro de la estructura de la AFA, al señalar que su posición como máxima autoridad “magnifica su responsabilidad” en los hechos investigados. Además, sostuvo que el dirigente tenía conocimiento de las irregularidades y participación en las decisiones vinculadas a los movimientos financieros cuestionados.
La decisión judicial puede ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico y se da en un contexto sensible, a pocos meses de una nueva competencia internacional, con el foco puesto en la conducción del fútbol argentino.
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