La situación judicial de la abogada argentina Agostina Páez se convirtió en un caso de alto impacto mediático y legal en Brasil, donde enfrenta tres denuncias por injuria racial tras un incidente ocurrido en un bar de Río de Janeiro. A más de dos meses del episodio, la causa avanza hacia una instancia clave: una audiencia que definirá si el expediente será elevado a juicio, en un contexto donde la fiscalía solicita la pena máxima, que podría alcanzar los 15 años de prisión.
El hecho que originó la causa ocurrió el 14 de enero, cuando Páez protagonizó una discusión con empleados de un local gastronómico. La situación, que en principio parecía un conflicto menor, escaló rápidamente luego de que se viralizara un video en el que se la observa realizando un gesto de connotación racista. Ese registro audiovisual se transformó en la principal prueba en su contra y dio lugar a tres denuncias penales por discriminación.
“He reaccionado mal y estoy muy arrepentida de eso”, declaró la acusada, quien actualmente permanece en Brasil bajo medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país.
El caso muestra la severidad con la que la legislación brasileña aborda los delitos de injuria racial, una figura penal que en los últimos años cobró mayor relevancia en el marco de políticas orientadas a combatir el racismo estructural. En este sentido, la acumulación de denuncias y la posibilidad de que las penas se sumen en concurso material colocan a Páez en una situación judicial compleja.
Según su propio testimonio para Infobae, su vida cotidiana se encuentra profundamente restringida. Asegura vivir con miedo, evitar la exposición pública y depender económicamente de su familia ante la imposibilidad de trabajar. “La verdad, yo la estoy pasando mal aquí. Para mí estos días son eternos y estoy viviendo un calvario hace dos meses en los que no puedo salir a ningún lado. No me relaciono con nadie”, expresó.
En paralelo, la defensa busca revertir las medidas cautelares para que la acusada pueda continuar el proceso desde Argentina. “Lo único que quiero es volver a mi país, porque no me siento segura aquí y no puedo seguir viviendo de esta manera”, sostuvo.
La viralización del video no solo impulsó la causa judicial, sino que también generó una fuerte reacción social, que, según la acusada, se tradujo en amenazas y temor por su integridad.
“Pido auto de aplicación y sale mi nombre, entonces para mí también ya es un riesgo pedirme. Si tengo que ir al mercado, voy toda tapada para comprarme comida, pero esas son todas mis salidas. No voy a la playa y trato de no hablar o hablo en portugués para que no se den cuenta de que soy yo. Vivo en una paranoia constante“.
De cara a la audiencia del 24 de marzo, el futuro de la argentina permanece incierto. Mientras la justicia brasileña evalúa las pruebas y define si el caso avanzará a juicio, la acusada insiste en su arrepentimiento y en su intención de enfrentar el proceso, aunque solicita hacerlo desde su país de origen.
“Sinceramente, ya he perdido todas las esperanzas que tenía, pero bueno, quiero confiar en la justicia brasilera y que por lo menos me va a dejar responder el proceso desde Argentina”, concluyó.