A pesar del optimismo oficial, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central impone un tono más moderado. Según el último informe, las consultoras privadas prevén un sendero descendente, pero no tan acelerado: la inflación pasaría del 2,7% en febrero al 1,5% en agosto, sin perforar el umbral del 1% como anticipa el Ministerio de Economía. Esto sugiere que, si bien la desaceleración continúa, el proceso sería menos abrupto de lo que imagina el Gobierno.
Los economistas identifican diversos factores que dificultan el cumplimiento de la meta. Uno de ellos es el reacomodamiento de precios relativos y tarifas de servicios públicos, que aún requieren ajustes pendientes y podrían generar presión adicional sobre el índice general. Otro obstáculo es la pérdida de las “anclas” que permitieron reducir la inflación en los primeros dos años de gestión: el control salarial y la estabilidad cambiaria. Con salarios reales deprimidos y un tipo de cambio que, según especialistas, ya habría tocado su piso, ambos elementos dejarían de contribuir a contener la suba de precios.
Desinflación en perspectiva internacional
Economistas como Martín Kalos sostienen que las condiciones actuales no permiten esperar una reducción tan pronunciada. Advierten que, con la recuperación de salarios y un dólar que volvería a ajustarse en el mediano plazo, la desinflación sería necesariamente más lenta. También remarcan que las postergaciones tarifarias son un riesgo, ya que su actualización impactaría directamente en el IPC.
A pesar de estas advertencias, algunos analistas reconocen que el proceso de desinflación ha avanzado con mayor velocidad que en experiencias previas de la región. No obstante, señalan que pasar de inflaciones muy altas a niveles moderados suele ser más sencillo que la fase posterior: reducir la variación anual desde el 30% hacia un dígito demanda tiempo, consistencia fiscal y una coordinación fina entre tipo de cambio, tarifas y salarios.
En conjunto, el panorama refleja un choque entre expectativas oficiales optimistas y diagnósticos técnicos más prudentes. La meta de inflación por debajo del 1% sigue siendo posible, pero dependerá de que el Gobierno sostenga un programa fiscal y monetario rígido, gestione adecuadamente los precios regulados y mantenga la credibilidad necesaria para evitar desajustes en los precios relativos.