En un contexto de creciente tensión fiscal entre las provincias y el Gobierno nacional, se realizó en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) una asamblea del Foro Permanente Federal de Fiscalías de Estado de Argentina, donde representantes de 16 jurisdicciones analizaron estrategias comunes ante una posible rediscusión de la Ley de Coparticipación Federal.

En representación de Corrientes participó el fiscal de Estado, Horacio Ortega, quien junto a funcionarios de otras provincias debatió sobre la necesidad de establecer una posición coordinada frente a eventuales cambios en el sistema de distribución de recursos.

El encuentro fue presidido por la fiscal de Estado de Formosa, Stella Maris Zabala, y tuvo como eje central evitar que las provincias se vean afectadas por decisiones unilaterales del Gobierno nacional en materia fiscal.

Durante la reunión se planteó también la preocupación por una situación que, según señalaron los participantes, se repite con frecuencia: la transferencia de responsabilidades a las provincias sin el correspondiente financiamiento, al mismo tiempo que se promueve la reducción de tributos locales como el impuesto a los Ingresos Brutos.

Tras el encuentro, Ortega remarcó la importancia de estos espacios de articulación institucional. “El federalismo se construye participando de estos organismos donde cada fiscal pone de relieve la experiencia de velar por los bienes e intereses de su provincia”, expresó.

Además, destacó que uno de los temas recurrentes es el seguimiento de reclamos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia vinculados a deudas que la Nación mantiene con distintas provincias.

En el plano técnico, el foro también abordó el impacto del DNU 70/23 en relación con el funcionamiento de las sociedades del Estado y el intercambio de experiencias sobre la recuperación de tierras fiscales.

Otro de los aspectos destacados de la jornada fue la propuesta de avanzar en la modernización de las fiscalías de Estado, incorporando nuevas herramientas tecnológicas. En ese sentido, Ortega subrayó el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la elaboración de políticas públicas y fortalecer la defensa jurídica del Estado.

Entre los principales acuerdos alcanzados se resolvió la creación de una comisión técnica para analizar el sistema de coparticipación, la coordinación de estrategias jurídicas frente a los cambios impulsados por el DNU 70/23, la implementación de programas de alfabetización digital en las fiscalías provinciales y el seguimiento conjunto de litigios con la Nación por fondos retenidos.

Asimismo, el foro funcionó como un espacio de intercambio de experiencias y capacitación, donde se analizaron distintos modelos de gestión administrativa, como el sistema aplicado en La Pampa para las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, y se profundizó en la figura de la autotutela administrativa.

Como resultado de estos debates, las provincias acordaron avanzar en un programa de formación permanente destinado a fortalecer las capacidades técnicas de los equipos jurídicos de las distintas jurisdicciones.