El Gobierno nacional comenzó a delinear la estrategia judicial para sostener la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) presentara un amparo para frenar la entrada en vigencia de algunos puntos de la norma.

La central sindical acudió al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, con el objetivo de declarar la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos que habilitan el traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Ejecutivo consideran inevitable la judicialización de la reforma y preparan un equipo legal para sostener la normativa en los tribunales. La coordinación de la estrategia quedó en manos del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien asumió recientemente al frente de la cartera.

Según fuentes del Gobierno, también participarán en la defensa de la ley la Procuración del Tesoro, que tendrá como titular a Sebastián Amerio, y la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, conducida por María Ibarzabal Murphy.

Los puntos más cuestionados de la reforma

Entre los aspectos más discutidos de la reforma laboral se encuentran la prioridad otorgada a los convenios de empresa por sobre los convenios colectivos nacionales, la limitación de la ultraactividad de los acuerdos sindicales y la modificación en el cálculo de indemnizaciones.

Otro foco de conflicto es la decisión del Gobierno de transferir la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una disputa institucional que se arrastra desde la reforma constitucional de 1994.

Para avanzar con ese proceso, el Ejecutivo autorizó mediante el decreto 95/2026 al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar los acuerdos necesarios para concretar el traspaso. Desde la CGT cuestionan esa decisión y sostienen que no se cumplió con los requisitos constitucionales ni con la intervención de la Comisión Bicameral correspondiente.

Conflicto político y sindical

El conflicto no solo involucra al Gobierno y a los sindicatos. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó cuestionamientos al tratamiento legislativo del tema.

En paralelo, funcionarios del Gobierno porteño manifestaron la necesidad de que cualquier transferencia del fuero laboral se realice de manera ordenada para evitar complicaciones en el sistema judicial.

Mientras tanto, la CGT mantiene su presión con movilizaciones y la advertencia de nuevas medidas de fuerza. Desde el entorno presidencial confían en que la reforma superará las instancias judiciales y sostienen que la modernización del sistema laboral “es irreversible”.