La reforma laboral había sido aprobada en el Senado una semana antes de su promulgación y forma parte de un paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo nacional con el objetivo de modificar el marco regulatorio del mercado de trabajo. Según el Gobierno, los cambios buscan fomentar la creación de empleo y reducir la informalidad laboral. Sin embargo, desde el sindicalismo interpretan que varias disposiciones implican una flexibilización del sistema vigente y podrían debilitar las condiciones de los trabajadores.
Por ese motivo, la CGT decidió avanzar con un planteo de inconstitucionalidad y llevar la discusión al ámbito judicial. El expediente ahora deberá ser evaluado por el juez Lavie Pico, quien analizará los argumentos presentados por la central sindical y determinará si corresponde admitir el amparo y eventualmente dictar alguna medida cautelar.