El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil, que había solicitado autorización para regresar al país mientras continúa el proceso judicial en su contra.

La joven santiagueña de 29 años se había comprometido a mantenerse a disposición de la Justicia brasileña y a seguir el avance de la causa desde Argentina. Sin embargo, las autoridades consideraron que permitir su salida podría afectar el desarrollo de la investigación.

La decisión fue comunicada este miércoles, luego de que la fiscalía analizara los planteos realizados por el equipo defensor. Páez permanece en la ciudad de Río de Janeiro desde enero, cuando se inició el proceso judicial en su contra por el presunto delito de injuria racial.

De acuerdo con fuentes cercanas a la imputada, la abogada atraviesa actualmente una situación económica complicada, ya que debe solventar su estadía en Brasil con ahorros personales mientras aguarda el avance del expediente.

En su resolución, el Ministerio Público sostuvo que autorizar el regreso de la acusada durante la etapa de instrucción podría debilitar el control judicial sobre la causa y dificultar la eventual ejecución de una pena, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la política de tolerancia cero contra el racismo que rige en la legislación brasileña.

Además, la fiscalía solicitó al juez interviniente que rechace todos los planteos formulados por la defensa y que el proceso avance hacia la audiencia de instrucción y el posterior juicio oral, instancias que todavía no tienen fecha definida.

En su presentación, la defensa cuestionó la validez del expediente al denunciar una presunta manipulación de pruebas digitales, señalar que la imputada desconocía estar cometiendo un delito y objetar la forma en que se acumularon los hechos atribuidos en la causa. También puso en duda la imparcialidad de algunos testigos.

Para el Ministerio Público, en cambio, la acusación cumple con todos los requisitos legales. El dictamen remarca que los hechos están claramente identificados, que las víctimas fueron individualizadas y que existen elementos probatorios suficientes, entre ellos testimonios y registros audiovisuales, para continuar con el proceso judicial.

Asimismo, la fiscalía subrayó que el Código Procesal Penal brasileño exige únicamente que la acusación describa de manera clara los hechos, identifique a los involucrados y establezca la figura legal correspondiente, condiciones que, según el organismo, se cumplen en este caso.