La Jefatura de Gabinete de Ministros anunció una modificación en el régimen que regula los viajes oficiales al exterior y estableció un fuerte recorte en la conformación de comitivas. A partir de ahora, solo podrá asistir un funcionario por cada evento o actividad internacional considerada prioritaria para el Estado nacional.

La medida quedó formalizada a través de la Decisión Administrativa 9/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Según el texto, el objetivo es simplificar los circuitos administrativos, reducir cargas operativas y optimizar el uso de los recursos públicos.

Un funcionario por evento

La normativa determina que las comitivas oficiales deberán integrarse por un único representante, sin importar la fuente de financiamiento del viaje. En caso de requerirse más integrantes, la autoridad solicitante deberá justificar expresamente la necesidad de cada miembro adicional.

Además, se redefinieron los niveles de autorización. El jefe de Gabinete será quien apruebe los traslados de ministros, secretarios de la Presidencia y cargos equivalentes. En el caso de subsecretarios, directores nacionales y generales, la autorización dependerá del rango jerárquico y podrá recaer en el propio jefe de Gabinete, en ministros, secretarios presidenciales o titulares de organismos descentralizados.

La solicitud deberá formalizarse mediante el formulario denominado “Informe de Planificación de Gestión Internacional”, que tendrá que presentarse con al menos diez días hábiles de anticipación, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.

Nuevas reglas para los pasajes

La decisión también introduce cambios en el régimen de emisión de pasajes, clasificando a los funcionarios en cuatro grupos:

• Grupo A: incluye al jefe de Gabinete, ministros y máximas autoridades, quienes podrán viajar en clase ejecutiva.

• Grupo B: deberá hacerlo en clase económica, aunque se contemplan excepciones fundadas para secretarios o cargos equivalentes.

• Grupos C y D: viajarán exclusivamente en clase económica.

La norma establece que cualquier mejora o cambio de categoría deberá ser abonado por el propio funcionario, sin generar costos adicionales para el Estado.

Con esta resolución, el Gobierno busca reforzar el control del gasto en misiones oficiales al exterior y acotar la representación argentina en foros y actividades internacionales a esquemas más reducidos y justificados.