Especialistas tributarios señalaron que el control se habría basado en datos reportados bajo un esquema que no contempla monto mínimo.

Dos regímenes de información distintos

La clave técnica se encuentra en la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la Resolución General 4614/2019, que establece dos mecanismos diferenciados de reporte.

Por un lado, el denominado “Título I” obliga a informar operaciones vinculadas con el procesamiento de pagos electrónicos: ventas con tarjeta de débito o crédito, cobros con QR y links de pago. En este caso no existe umbral mínimo: cualquier cobro comercial puede ser reportado, independientemente del monto.

En cambio, el “Título II” exige informar ingresos, egresos y saldos mensuales solo cuando superan los $50 millones en el caso de personas humanas. Si no se alcanza ese monto, no se envían datos bajo ese apartado.

Por qué el piso de $50 millones no actuó como tope

Según tributaristas, las recientes recategorizaciones se habrían originado en información correspondiente al Título I, que no establece límite cuantitativo.

Esto implica que ventas procesadas electrónicamente pueden ser informadas sin importar el volumen total mensual, habilitando a ARCA a cruzar datos y ajustar la categoría dentro del Monotributo.

En contraste, transferencias bancarias comunes o movimientos entre cuentas quedarían encuadrados en el Título II y solo se reportan si superan el umbral previsto.

Posibles inconsistencias

Algunos contribuyentes manifestaron que no realizan cobros con QR ni tarjeta, aunque figuran con montos informados bajo el Título I.

Especialistas advierten que podrían existir errores en la clasificación de operaciones por parte de billeteras virtuales o plataformas de pago, que habrían reportado transferencias como si fueran cobros comerciales.

Incluso trascendió que el organismo fiscal mantuvo reuniones con proveedores de servicios de pago para revisar posibles desvíos en la carga de información.

Qué deben hacer los contribuyentes

Quienes recibieron una notificación cuentan con 15 días hábiles administrativos para presentar un recurso.

Se recomienda revisar en detalle los movimientos en cuentas bancarias, billeteras virtuales y plataformas de cobro para verificar qué datos fueron informados al fisco.

Si no se presenta la apelación dentro del plazo, la nueva categoría queda firme, lo que puede traducirse en una mayor carga impositiva.

El episodio vuelve a poner en debate el alcance de los controles automatizados y el uso de datos financieros en el sistema tributario argentino, en un contexto de mayor fiscalización sobre el Monotributo.