El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil que había ingresado ayer al Congreso de la Nación, ante la falta de consenso con los bloques aliados que habían acompañado el debate durante 2025.

Uno de los puntos centrales del conflicto fue la edad de imputabilidad. Mientras que el acuerdo político previo —plasmado en el dictamen del año pasado— fijaba el límite en los 14 años, el texto remitido por el oficialismo estableció los 13, lo que generó rechazo inmediato y obligó a dar marcha atrás.

El proyecto presentado es prácticamente idéntico al que obtuvo dictamen en mayo de 2025, aunque incorporaba una novedad clave: la asignación específica de partidas presupuestarias para garantizar la implementación efectiva de la ley.

A diferencia del texto original, donde el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete —lo que despertaba sospechas de que la norma quedara sin aplicación real—, la nueva versión contemplaba más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General y más de 3.000 millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, la modificación unilateral de la edad de imputabilidad terminó por romper el consenso político, forzando al Ejecutivo a retirar la iniciativa y reabrir las negociaciones.