El Senado de la Nación convirtió en ley, este jueves 19 de noviembre, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos, luego de un extenso debate en el que oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de dar continuidad a los derechos y prestaciones del sector.
La nueva normativa reemplaza el esquema de emergencia, cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de diciembre de 2026, por un régimen permanente que busca garantizar mayor previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios.
Entre sus principales disposiciones, mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad en un equivalente al 70% de la jubilación mínima y establece su compatibilidad con el empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos individuales no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También garantiza la continuidad de la cobertura médica mediante Incluir Salud y contempla mecanismos de actualización de los aranceles de las prestaciones básicas. Otro punto relevante es la obligación del Ejecutivo de establecer un cronograma para cancelar las deudas pendientes con los prestadores: deberá publicarlo dentro de los 30 días y completar los pagos correspondientes en un plazo máximo de 90 días, según las condiciones previstas por la norma.
La ley incorpora, además, auditorías periódicas para verificar los requisitos de acceso y permanencia en el sistema, mediante cruces de información entre organismos públicos. Estos procedimientos deberán contemplar la notificación a los beneficiarios y la posibilidad de presentar un descargo antes de una eventual suspensión.
Reclamos por el cumplimiento de la ley
Durante el debate, distintos representantes de la oposición advirtieron que la aprobación legislativa no garantiza por sí sola la solución de los problemas que atraviesa el sector.
La senadora Alicia Kirchner sostuvo que la sanción constituye un punto de partida, pero no repara automáticamente los derechos vulnerados. Por su parte, Lucía Corpacci reclamó que las garantías establecidas tengan respaldo presupuestario y se traduzcan en prestaciones efectivas.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la creación de un régimen permanente y afirmó que la nueva legislación busca superar las dificultades generadas por las sucesivas prórrogas de la emergencia.
La discusión también estuvo atravesada por los reclamos de organizaciones, familias y prestadores, que durante los últimos meses denunciaron demoras en los pagos, aranceles insuficientes y dificultades para sostener tratamientos e instituciones.
Con la sanción definitiva, el desafío pasa ahora por la implementación de la normativa, la reglamentación y la disponibilidad efectiva de los recursos necesarios para garantizar los derechos reconocidos.

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