Economía: El gobierno nacional apunta a reducir la planta estatal y frenar el ingreso de personal
19/11/2026
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El proyecto establece que los organismos no podrán cubrir puestos vacantes sin autorización de la Jefatura de Gabinete. Además, fija límites a las dotaciones estatales y exige informes trimestrales sobre las contrataciones.
El Gobierno busca profundizar el control sobre el tamaño de la estructura estatal y mantener bajo vigilancia el gasto en empleo público. Para eso, el proyecto de Presupuesto 2027 incluye dos artículos que fijan límites a la cantidad de cargos en la Administración Pública Nacional y condicionan la cobertura de puestos vacantes a una autorización previa de la Jefatura de Gabinete.
Las disposiciones están contempladas en los artículos 6 y 7 del texto que obtuvo dictamen en el Congreso. La iniciativa, que en principio será tratada en la Cámara de Diputados el próximo 25 de noviembre, deberá pasar posteriormente por el Senado en caso de recibir media sanción.
Presupuesto 2027: qué restricciones establece para los empleados públicos
El artículo 6 determina que la cantidad de cargos y horas de cátedra de cada jurisdicción y entidad de la Administración Pública Nacional quedará sujeta a los límites establecidos en el presupuesto. En consecuencia, los organismos no podrán incrementar sus dotaciones por encima de los niveles fijados.
El proyecto contempla la posibilidad de ampliar esos límites, aunque establece una condición: solamente el jefe de Gabinete podrá autorizar un aumento de cargos u horas de cátedra mediante una decisión fundada y con la intervención previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a cargo de Carlos Guberman. La normativa también establece una serie de excepciones. Entre ellas, incluye a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo y determinados puestos vinculados con las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
También quedan exceptuados los profesionales de establecimientos hospitalarios y asistenciales dependientes del Ministerio de Salud, el personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego y los cargos de la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.
La lista contempla, además, los puestos del Centro Nacional de Ciberseguridad, las incorporaciones necesarias para cumplir sentencias judiciales firmes y las funciones ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Por su parte, el artículo 7 profundiza las restricciones y establece que los organismos estatales no podrán cubrir las vacantes existentes al momento de la entrada en vigencia de la ley ni aquellas que se produzcan posteriormente sin autorización previa del jefe de Gabinete.
De esta manera, la salida de un trabajador no habilitará automáticamente su reemplazo. Cada organismo deberá contar con el aval de la Jefatura de Gabinete para incorporar personal en esos puestos.
El Gobierno exigirá informes trimestrales sobre las contrataciones
El proyecto también incorpora mecanismos de seguimiento para controlar la evolución del empleo público. En ese sentido, establece que todas las jurisdicciones y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda información sobre la totalidad de sus plantas de personal y las contrataciones realizadas. A su vez, Hacienda tendrá que publicar esos datos en su sitio web hasta el quinto día hábil posterior al cierre de cada trimestre calendario.
La medida tiene un antecedente en la Decisión Administrativa 1/2026, publicada el 19 de enero, que ya había establecido la obligación de informar trimestralmente sobre la evolución de las dotaciones y las contrataciones de los organismos de la Administración Nacional.
El objetivo es darle continuidad a los mecanismos de control del gasto estatal en un contexto en el que el equilibrio fiscal constituye uno de los principales ejes del programa económico del Gobierno.
Cuántos empleados públicos se redujeron desde que asumió Javier Milei
Los últimos datos del INDEC muestran la magnitud de la reducción de personal en el sector público desde el inicio de la actual gestión.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, la cantidad de empleados de la Administración Pública Nacional y las empresas y sociedades del Estado pasó de 343.357 a 266.205. Esto representa una reducción de 77.152 puestos de trabajo, equivalente al 22,5%.
La mayor parte de la caída se concentró en la Administración Pública Nacional:
Administración Pública Nacional: pasó de 233.098 empleados en noviembre de 2023 a 179.396 en septiembre de 2026. La reducción fue de 53.702 puestos, equivalente al 23%.
Empresas y sociedades del Estado: la cantidad de trabajadores bajó de 110.259 a 86.809 durante el mismo período. Esto representa 23.450 empleados menos, una caída del 21,3%.
Con los nuevos artículos del Presupuesto 2027, el Gobierno busca sostener las restricciones sobre las dotaciones estatales y establecer un mecanismo para que las futuras incorporaciones queden sujetas a una autorización centralizada
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