La investigación sobre los negocios que Lázaro Báez habría manejado desde la cárcel sumó nuevos detalles sobre la explotación de sus propiedades en Santa Cruz. Entre los documentos incorporados a la causa aparecen un contrato de alquiler de una estancia a nombre de Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, y otro acuerdo para la cría, engorde y esquila de 7000 ovejas.
Los contratos involucran a Austral Agro S.A., una de las empresas del empresario condenado por corrupción, y forman parte de la documentación que analiza la Justicia federal para determinar si Báez continuó administrando bienes alcanzados por medidas judiciales desde su celda en el penal de Ezeiza.
La investigación, encabezada por el fiscal federal de Río Gallegos Julio Zárate, apunta a una presunta organización que habría utilizado propiedades rurales, alquileres y operaciones comerciales para movilizar fondos por fuera del control judicial. Entre los principales sospechosos aparecen Claudia Insaurralde, pareja de Báez, e Ibáñez, investigado además por sus presuntos vínculos con una banda dedicada al narcotráfico.
Uno de los documentos corresponde a la estancia La Entrerriana, ubicada en Santa Cruz y perteneciente a Austral Agro. El contrato de locación rural establece que el establecimiento sería destinado exclusivamente a la explotación agropecuaria.
El acuerdo fijó una duración de tres años, desde el 1° de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2029, con un canon mensual de $2 millones, pagadero por adelantado durante los primeros cinco días de cada mes.
Como locatario figura Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, señalado por los investigadores como uno de los hombres de confianza de Báez y presunto integrante de una organización vinculada al transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz.
Sin embargo, la documentación secuestrada durante los allanamientos muestra una particularidad: Ibáñez no habría pagado el alquiler desde el inicio del contrato y acumulaba una deuda de $12 millones, según una planilla incorporada a la investigación.
La actividad rural también quedó registrada en las redes sociales del propio Ibáñez. En su cuenta personal de TikTok, el hombre investigado publicó videos en los que muestra ovejas y distintos sectores del establecimiento agropecuario. Las imágenes exhiben parte de la actividad ganadera desarrollada en el lugar y aportan un registro visual de la vinculación de Ibáñez con el negocio rural.
El otro negocio de Austral Agro: un contrato por 7000 ovejas
Otro de los documentos bajo análisis es un contrato de capitalización ganadera firmado el 22 de marzo de 2025 entre Austral Agro, representada por su presidenta Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid.
El acuerdo establece que Godfrid entregaría 7000 ovejas de su propiedad para su cría, engorde y esquila en la estancia Coronel Guarumba, también vinculada a la empresa de Báez.
Según el documento, esos animales se sumarían a otras 1000 ovejas pertenecientes a Austral Agro, lo que conformaría un stock conjunto de 8000 cabezas de ganado.
La firma propietaria del establecimiento asumía la responsabilidad de proporcionar los campos para el pastoreo, garantizar las condiciones de alimentación y aportar la mano de obra necesaria para el cuidado y la vigilancia de los animales.
También debía hacerse cargo de los salarios, las cargas sociales y los gastos vinculados con la manutención de los trabajadores rurales.
Los videos publicados por Ibáñez en TikTok muestran además numerosos ejemplares de ganado ovino en los campos vinculados con la actividad agropecuaria. En las grabaciones se observan los animales y las instalaciones rurales, aunque las imágenes por sí solas no permiten determinar si se trata de las mismas ovejas incluidas en el contrato de capitalización ganadera.
De acuerdo con la investigación, Godfrid y su hijo, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, transfirieron $26,2 millones a Ibáñez entre abril y octubre de 2026. Parte de esos fondos habría sido posteriormente enviada a cuentas vinculadas con Insaurralde y Fausto Devetac, cuñado de “Budín”.
Los investigadores buscan establecer cuál fue el verdadero destino del dinero y si las operaciones respondían a negocios genuinos o a maniobras para eludir los controles sobre el patrimonio del empresariio
Las órdenes que Báez daba desde la cárcel para controlar sus estancias
Los contratos se suman a una serie de escuchas telefónicas que revelaron cómo Báez intervenía en la administración de sus propiedades pese a encontrarse detenido.
Tal como publicó TN, durante una conversación del 5 de octubre con Ibáñez, el empresario discutió el manejo de las estancias La Entrerriana y Alquinta y dio instrucciones sobre quiénes debían quedar al frente de los establecimientos.
“Necesitamos uno que sea nuestro, que sea tuyo. Yo le había dicho que mandes al que está administrando Entrerriana y que ese designe otro allá”, le indicó Báez.
En otro tramo de la conversación, dejó en claro que pretendía mantener el control de ambas propiedades: “Yo voy a supervisar los dos lados”.
Las escuchas también registraron diferencias respecto de las decisiones que tomaba Insaurralde, a quien los interlocutores llamaban “la Tía”. Báez cuestionó la designación de administradores sin su autorización y advirtió que podía desplazar a quienes no cumplieran sus instrucciones.
Para la acusación, estas comunicaciones son relevantes porque permitirían demostrar que el empresario seguía participando activamente en la administración de bienes que estaban bajo la órbita de la Justicia.
Los alquileres millonarios y la conexión con el narcotráfico
La investigación patrimonial abarca otros establecimientos y propiedades vinculados con Báez, entre ellos la estancia Alquinta y departamentos ubicados en la calle Zapiola, en Río Gallegos.
Una de las planillas incorporadas a la causa identifica distintos arrendatarios y registra contratos con pagos mensuales millonarios, acuerdos anuales y hasta contraprestaciones en animales.
Entre los ejemplos aparece la estancia Coronel Guarumba, con un importe de $5 millones mensuales durante el primer año, mientras que para La Santafesina y la sección La Ana figura un canon de $4.088.500. En el caso de La Verdadera Argentina, la planilla consigna un pago anual aproximado de $80 millones, sujeto al valor del kilo de cordero.
Se trata de importes registrados en la documentación investigada, que no necesariamente equivalen a dinero efectivamente cobrado.
Además de las imágenes de los animales, Ibáñez compartió en TikTok videos grabados en otra de las propiedades vinculadas con Báez, que muestran su presencia en distintos inmuebles relacionados con el empresario.
En paralelo, la Justicia investiga la posible utilización de camiones y maquinaria de empresas vinculadas con Báez en operaciones bajo sospecha.
El expediente patrimonial se relaciona con otra investigación sobre una presunta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones en Santa Cruz. En esa causa aparece señalado Ibáñez, cuya participación en ambas estructuras es uno de los puntos que intentan esclarecer los fiscales.
Los investigadores también analizan movimientos de vehículos y documentación relacionada con Kank y Costilla S.A., otra firma vinculada con el entramado empresarial de Báez.
La pesquisa derivó en 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, además del secuestro de vehículos, documentación, armas y estupefacientes.
Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. La Justicia busca determinar si, pese a encontrarse detenido, continuó explotando económicamente sus propiedades mediante una red de colaboradores que ejecutaban sus instrucciones.