La cuestión fue analizada durante las discusiones sobre el alcance de la reforma penal. Según explican funcionarios que participan de las conversaciones, el aborto quedó excluido desde las primeras definiciones del proyecto porque el Ejecutivo prefiere concentrar el debate en la seguridad y el aumento de las penas. La decisión también influyó en el formato elegido: impulsar modificaciones al Código vigente, en lugar de avanzar ahora con una sustitución integral que obligaría a revisar expresamente el tratamiento penal de la interrupción del embarazo.