Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional. El Congreso inició el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio del escándalo financiero por la situación de Ueno Bank y los cuestionamientos sobre sus presuntos vínculos con el grupo empresario relacionado con la entidad.

La Cámara de Diputados aprobó el jueves 5 de noviembre, con 78 votos, la acusación contra el mandatario por supuesto mal desempeño de sus funciones. La decisión se produjo mientras Peña presentaba su renuncia a la Presidencia, en un intento de acelerar su salida del Ejecutivo.

Sin embargo, la dimisión no pudo ser tratada en una sesión conjunta del Congreso por falta de quórum. Legisladores de distintos sectores abandonaron el recinto y dejaron sin posibilidad de avanzar con su aceptación. Por ese motivo, Peña continúa formalmente en el cargo mientras se desarrolla el procedimiento constitucional.

El presidente pidió 72 horas para preparar su defensa

El Senado asumió el papel de tribunal de juzgamiento y recibió los argumentos de los legisladores designados como fiscales acusadores. Peña había sido convocado para presentarse este viernes a las 10, pero solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa.

El mandatario argumentó que recibió la notificación del proceso a las 22.15 del jueves y que el expediente contiene unas 300 fojas de documentación. Consideró insuficiente el tiempo disponible para analizar las acusaciones y organizar su estrategia jurídica.

Previamente, había anunciado que se presentaría ante el Congreso para ejercer su derecho a la defensa y responder a los cuestionamientos.

El escándalo financiero que desató la crisis

El origen de la crisis está relacionado con Ueno Bank, entidad sobre la que el Banco Central del Paraguay dispuso un proceso de resolución luego de detectar problemas de solvencia e irregularidades en sus estados financieros.

La situación generó preocupación entre millones de clientes y puso bajo cuestionamiento la exposición de fondos públicos y previsionales en la entidad.

Entre las acusaciones contra Peña figuran presuntos conflictos de intereses por sus vínculos anteriores con Ueno Holding, cuestionamientos al nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central y la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad financiera.

Se trata de imputaciones incluidas en el proceso político y no de responsabilidades judiciales ya establecidas.

Qué puede pasar ahora

La Cámara de Senadores deberá evaluar las acusaciones y la defensa del mandatario. Para aprobar una destitución se necesitan dos tercios de los votos de la Cámara Alta, es decir, 30 de los 45 senadores.

Si Peña es destituido, la conducción del Ejecutivo quedaría en manos del vicepresidente Pedro Alliana, conforme al mecanismo de sucesión constitucional.

La situación mantiene en alerta a Paraguay, con manifestaciones ciudadanas frente al Congreso y fuertes tensiones dentro del oficialismo. La resolución del juicio político definirá no solamente la continuidad de Peña en el poder, sino también el rumbo institucional del país.