La magistrada dispuso preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú y solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones y a Cancillería sobre los procedimientos realizados y las posibles comunicaciones recibidas desde Brasil.

Bolsonaro ingresó a la Argentina el 27 de octubre por el paso fronterizo de Puerto Iguazú y, horas después, partió en un avión privado con destino a Miami, Estados Unidos, acompañado por su esposa y sus dos hijas. El vuelo realizó una escala técnica en Guayaquil, Ecuador.

Las medidas fueron solicitadas por la fiscal Paloma Ochoa en el marco de una denuncia presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales. La presentación plantea posibles delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El eje de la investigación es establecer si las autoridades argentinas tenían conocimiento de las restricciones judiciales que, según la denuncia, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, y si correspondía adoptar algún procedimiento especial antes de autorizar su salida.

Por el momento, las diligencias tienen carácter preliminar y buscan reunir documentación y registros para determinar si corresponde avanzar formalmente con la investigación penal. En paralelo, la Justicia Federal de Puerto Iguazú también recibió otra denuncia vinculada con el episodio.