La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó el cierre del expediente en primera instancia por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la sentencia que, en 2023, había condenado a la Argentina a pagar más de US$16.100 millones a los fondos demandantes.
La resolución acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo de 2026 revocó la condena contra el Estado argentino. La decisión de Preska incorpora ese resultado al expediente original y concluye su intervención en esa instancia judicial.
Sin embargo, el litigio todavía no terminó. Burford Capital, el fondo que financia la demanda y adquirió los derechos de los antiguos accionistas, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir el fallo de segunda instancia.
El máximo tribunal estadounidense deberá decidir si acepta analizar el planteo de Burford. La presentación, conocida como recurso de certiorari, no obliga a los jueces a revisar el caso y tampoco implica que la condena anterior vuelva a estar vigente.
La Cámara de Apelaciones había considerado que la sentencia original interpretó incorrectamente el derecho argentino y determinó que los reclamos de los accionistas por daños contractuales no eran admisibles bajo esa legislación.
El fallo de 2023 había establecido una indemnización superior a los US$16.100 millones, que con intereses llegó a superar los US$18.000 millones, según las estimaciones difundidas durante el proceso.
Desde la Procuración del Tesoro señalaron que el cierre de la primera instancia era un paso procesal esperado y ratificaron que el Estado continuará con su estrategia de defensa. Por el momento, no existe un plazo definido para que la Corte Suprema decida si toma el caso.
En paralelo, Burford impulsa otra vía de reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial.
Ese procedimiento arbitral es independiente del litigio que se tramita en los tribunales estadounidenses y constituye otra instancia de la disputa originada por la expropiación del 51% de YPF en 2012.
De esta manera, el cierre del expediente en el juzgado de Preska formaliza el resultado favorable a la Argentina en primera instancia, pero la resolución definitiva del conflicto dependerá de la evolución de los recursos pendientes.
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