La investigación por el millonario robo a un local de cobranzas de Santo Tomé sumó tres nuevos detenidos, entre ellos una suboficial de la Policía de Corrientes que cumplía funciones de custodia en la Alcaidía de esa ciudad.
Los procedimientos se realizaron el jueves 15 de octubre, por orden de la Fiscalía de Investigación a cargo de Facundo Cabral. Durante los operativos, personal de la Comisaría Segunda concretó tres allanamientos simultáneos que permitieron detener a personas presuntamente vinculadas con el hecho.
La causa busca determinar si internos alojados en la Alcaidía salían de manera irregular para cometer robos, con la presunta colaboración de integrantes de la guardia policial.
Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda del barrio Tablada, en la intersección de las calles Aramburu y Juan Savall. Allí fue detenido un hombre identificado como M. Arnaldo, conocido como “Maxi”, señalado como posible partícipe directo del asalto.
También quedó detenida una suboficial de apellido Morel, sospechada de haber facilitado la salida de personas privadas de la libertad. La mujer fue alojada en la Comisaría Primera de Santo Tomé mientras avanzan las actuaciones judiciales.
El tercer detenido, de apellido Galarza, está bajo sospecha de haber proporcionado información sobre domicilios que posteriormente habrían sido blanco de los robos.
El expediente se inició tras el robo ocurrido el 16 de septiembre, cuando un empleado fue interceptado al llegar a su vivienda. Según la denuncia, los asaltantes exigieron las llaves del comercio y las contraseñas de las cajas de seguridad del local de cobranzas, de donde habrían sustraído cerca de cinco millones de pesos.
La investigación avanzó a partir de declaraciones de un detenido que señaló presuntas salidas irregulares de internos con la complicidad de personal policial. Los investigadores también analizaron registros de cámaras de seguridad y otros elementos para reconstruir los movimientos de los sospechosos.
En las primeras etapas de la causa, la Jefatura de Policía había dispuesto el apartamiento preventivo de cuatro efectivos y relevado a autoridades de la Unidad Regional V y de la Comisaría Primera.
Con las nuevas detenciones, la Fiscalía busca establecer el grado de participación de cada sospechoso y determinar si existió una estructura organizada para facilitar los delitos. La investigación continúa abierta y las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
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