El modelo establece que la operación y el mantenimiento estarán financiados por el sector privado, sin subsidios del Estado nacional. La explotación mediante peajes formará parte de los ingresos de las concesionarias, aunque cualquier modificación tarifaria deberá conocerse a través de los cuadros correspondientes a cada tramo y de las comunicaciones oficiales.
Por ese motivo, quienes circulen habitualmente por las rutas 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105 deberán prestar atención a posibles cambios en cabinas, tarifas, medios de pago, desvíos y zonas de obra. Las novedades podrían variar según la fecha efectiva de intervención de cada corredor.
Qué trabajos deberán realizar las empresas privadas
Los contratos contemplan la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las trazas. Las compañías también asumirán la administración, la prestación de servicios a los usuarios y la explotación de los corredores mediante el régimen de concesión de obra pública por peaje. Los acuerdos tendrán una vigencia de 20 años.
Esto no significa necesariamente que todos los kilómetros serán intervenidos al mismo tiempo ni que desde el primer día habrá obras de gran magnitud en cada ruta. La toma de posesión habilita el inicio de la gestión privada, mientras que los trabajos se ejecutarán de acuerdo con los cronogramas y las obligaciones establecidos en cada contrato.
Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar a las concesionarias mediante un sistema de control por resultados. El objetivo anunciado es mantener los corredores en condiciones adecuadas de circulación y garantizar determinados niveles de servicio, especialmente en rutas con fuerte presencia del transporte de cargas.