El peritaje debe comparar contratos celebrados para la explotación de establecimientos de la familia Kirchner y analizar si los montos pactados se correspondían con las condiciones del mercado. También incluye información sobre cantidad y ocupación de habitaciones, tarifas, servicios facturados, personal, temporadas y principales clientes.
Además, el estudio alcanza los balances correspondientes al período 2009-2013 y busca establecer la evolución de las utilidades y disponibilidades de las empresas, así como determinar si los resultados registrados eran compatibles con la actividad desarrollada.
La acusación sostiene que empresas vinculadas a Báez y López realizaron pagos a las sociedades hoteleras e inmobiliarias de los Kirchner y que esas operaciones habrían funcionado como una pantalla para introducir en el circuito legal fondos provenientes de actividades ilícitas.
Según la fiscalía, Báez pagó más de $27 millones entre 2009 y 2013 mediante Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate. A eso se sumaron otros $11 millones provenientes de empresas del Grupo Austral, en operaciones que incluyeron habitaciones que, de acuerdo con la acusación, no fueron ocupadas.
El expediente también contempla la imputación por dádivas a partir de las relaciones comerciales entre Cristina Kirchner, mientras ejercía funciones públicas, y contratistas del Estado.
La causa está vinculada con el caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados. Hotesur-Los Sauces analiza el circuito comercial y financiero entre las empresas de la familia Kirchner y compañías relacionadas con empresarios que tuvieron contratos con el Estado.
Entre las pruebas incorporadas al expediente aparecen pedidos de información bancaria sobre movimientos de fondos, datos de empresas transportadoras de caudales y registros vinculados con consumos y pagos de servicios e impuestos de establecimientos hoteleros de El Calafate.