El Gobierno nacional decidió postergar el proceso de concesión del Correo Argentino, principalmente por la participación que tendrá la empresa en la organización logística de las elecciones nacionales de 2027.

Aunque los equipos técnicos continúan trabajando sobre el esquema, en el Ejecutivo admiten que la iniciativa perdió prioridad y que por el momento no existe una fecha definida para publicar los pliegos.

La principal preocupación oficial está vinculada con las tareas que el Correo debe desarrollar durante los comicios, entre ellas el despliegue y repliegue de urnas y documentación electoral, además de la transmisión de telegramas. Estas actividades requieren una planificación anticipada y coordinación con distintos organismos.

En ese contexto, dentro del Gobierno evalúan que avanzar ahora con una licitación y un eventual cambio de operador podría superponerse con la preparación de las elecciones. La situación también está atravesada por el debate sobre una posible implementación de las PASO en 2027, cuya continuidad todavía no está definida.

Una concesión que queda en pausa

El proyecto oficial no contempla, en principio, una venta directa de las acciones del Correo, sino una nueva concesión para la explotación del servicio postal. La iniciativa había formado parte de la agenda de privatizaciones impulsada por la administración de Javier Milei.

El proceso había sido proyectado inicialmente para avanzar durante el primer trimestre del año, pero sufrió demoras vinculadas con cambios en las estructuras encargadas de coordinar las empresas públicas. Ahora, el escenario electoral suma un nuevo factor para postergar la decisión.

Una de las alternativas que analiza el Ejecutivo es avanzar eventualmente con la licitación y establecer que el traspaso de la operación se produzca después de las elecciones. Sin embargo, no existe por ahora una decisión oficial sobre ese mecanismo.

Mientras tanto, el Correo Argentino continuará bajo gestión estatal y con un programa de reducción de costos, modernización y mejoras operativas. El Gobierno deberá definir si encuentra una fórmula para concretar la transición sin afectar las tareas electorales de 2027 o si retoma el proceso una vez finalizados los comicios