Los FAL se financiarán con aportes equivalentes al 1% de la masa salarial de las grandes empresas y al 2,5% en el caso de las pymes. Esos fondos podrán destinarse a títulos nacionales, bonos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, depósitos bancarios y obligaciones negociables de empresas privadas.

Sin embargo, para que un bono provincial pueda ser adquirido por estos fondos deberá contar con una calificación de riesgo AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV.

El dato clave es que actualmente ninguna provincia argentina cuenta con bonos con esa calificación, por lo que, en la práctica, quedan fuera del esquema. Además, los títulos provinciales tendrían un límite del 15% del total del FAL y hasta 5% por jurisdicción.

La reglamentación generó cuestionamientos entre gobiernos provinciales, que interpretan que el diseño favorece principalmente la colocación de deuda del Estado nacional, que no tiene un tope ni una exigencia de calificación equivalente.