Corrientes se prepara para implementar desde el próximo 1 de septiembre el nuevo Sistema Transitorio de Justicia Penal Juvenil, aprobado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para poner en marcha las nuevas reglas previstas por la legislación nacional y provincial.

El régimen transitorio permitirá avanzar en la aplicación de la Ley Nacional N° 27.801 de Régimen Penal Juvenil y de la Ley Provincial N° 6.736, mientras se completa de manera progresiva la estructura definitiva del fuero especializado en la provincia.

El nuevo esquema establece una intervención diferenciada respecto de los adultos y tiene como principios centrales la especialidad, la protección integral, el interés superior del adolescente, la mínima intervención y una finalidad socioeducativa y restaurativa.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Durante esta etapa de transición, magistrados con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia asumirán temporalmente funciones como jueces penales juveniles, sin abandonar sus competencias ordinarias.

La medida busca garantizar que desde septiembre exista una respuesta judicial especializada mientras se concretan las designaciones y se habilitan las estructuras permanentes previstas por la legislación provincial.

El sistema contempla además la posibilidad de designar supervisores especializados para realizar el seguimiento, asistencia y control individualizado de los adolescentes cuando corresponda. También se prevé la conformación de una nómina específica de Supervisores Especializados en Justicia Penal Juvenil.

Otro de los ejes será la capacitación de jueces, funcionarios, integrantes del Ministerio Público, equipos interdisciplinarios y demás operadores que intervengan en los procesos. La formación abarcará justicia penal juvenil, derechos de niños y adolescentes, garantías procesales, medidas de coerción y abordajes socioeducativos y restaurativos.

Un modelo con enfoque especializado

El nuevo sistema busca separar la respuesta frente al delito de las políticas de protección integral, aunque ambas deberán coordinarse cuando durante un proceso se detecten situaciones de vulneración de derechos.

En esos casos podrán intervenir organismos de protección, equipos interdisciplinarios y áreas vinculadas con salud, educación y desarrollo social.

La implementación tendrá carácter transitorio y se extenderá hasta que entren en funcionamiento las estructuras definitivas creadas por la Ley Provincial N° 6.736.

A nivel nacional, el nuevo régimen establece un sistema específico para adolescentes y contempla distintas alternativas a la privación de la libertad, además de medidas orientadas a la educación, la responsabilización y la reparación del daño. La legislación también fija un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes.

Con la puesta en marcha del régimen, Corrientes avanzará hacia un sistema de Justicia Penal Juvenil especializado, que buscará combinar la respuesta frente a los delitos con la protección de derechos y objetivos de reinserción y formación.